Se ha tardado, pero poco a poco se están empezando a tomar bastante en serio los videojuegos desde el punto de vista público y legal. Hace poco más de un mes nos sorprendía la Proposición no de Ley del Congreso de los Diputados español por la que se declaraba a los videojuegos parte de la cultura del país, y se establecían directrices para favorecer su desarrollo. A nivel europeo, en febrero el Parlamento Europeo declaraba en un informe las bondades de los videojuegos, su importancia en la educación y la escasa relación con la violencia.

Lo que ahora propone el Parlamento Europeo es proteger a los consumidores extendiendo la garantía legal de dos años de la que gozan aparatos electrónicos a los videojuegos y el software en general. Actualmente, si un videojuego tiene defectos de programación, al comprador le queda esperar a que la compañía de turno publique una solución porque nadie se hace cargo de ese error, es el caso de Super Paper Mario en Wii, o el caso más llamativo de Tomb Raider Underworld, también en Wii, ambos felizmente arreglados.

¿Quién vería mal una garantía para el software? Pues la Asociación británica de desarrolladores al considerar que eso les forzaría a crear el código perfecto, lo que conllevaría tomar menos riesgos en la programación y, por consiguiente, productos menos originales. Yo, a mi corto entender, veo que es de las pocas medidas que benefician exclusivamente en beneficio del consumidor, del que ha pagado por un juego y, a su pesar, encuentra que un fallo de programación le impide continuar adelante.