En uno de esos casos curiosos donde la política trata de “hacer algo” para con los videojuegos, en específico con los violentos que tanto dolor de cabeza les genera, un par de legisladores de la Comisión Estatal de Pennsylvania están proponiendo que éstos generen la propia solución a su “problema” mediante un cobro de nuevos impuestos.

Dos propuestas de peligro se soltaron: la primera sugiere gravar con 5% al producto final y usar ese excedente para impulsar programas de educación (sobre el tema) a padres. La otra propone suprimir los incentivos fiscales del Estado para las compañías que hagan juegos violentos.

¿Y esto a nosotros en qué nos afecta? Bueno, con la economía así como está, si este tipo de propuestas proceden, las compañías van a estar en terreno todavía más peligroso y sensible que antes. Si de por sí crear un juego de esta generación ya es algo costoso, con estas medidas los jugadores pensarán más sobre adquirir un juego de esta naturaleza, o en el otro caso, los desarrolladores sufrirán mucho más un fracaso(y aquí nos viene el claro ejemplo de Midway, que de haber lanzado MK vs DCU bajo estos conceptos, ya estaría vendiendo hasta los escritorios para pagar sus deudas).